Según la entidad, las mujeres y niñas con discapacidad "no son tenidas en cuenta en las normas estatales que regulan esta cuestión" lo que supone "una negación de protección por igual contra la trata de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 5.2)".

 

En este sentido, desde la Fundación CERMI Mujeres consideran que la "ausencia de datos armonizados, información fiable, actualizada y estandarizada" sobre esta realidad sigue "impidiendo la adopción de legislación y políticas públicas adecuadas que tomen en consideración la situación de miles de mujeres con discapacidad explotadas sexualmente".

 

Por ello, abogan por que esta futura ley tenga en cuenta el "mayor riesgo al que se enfrentan las mujeres y niñas sometidas a formas múltiples e interrelacionadas de discriminación", en particular las mujeres y niñas en situación de pobreza, que viven en zonas remotas, las mujeres y niñas desplazadas por la fuerza, las migrantes y las mujeres y niñas con discapacidad.

 

Según la Fundación CERMI Mujeres, las mujeres con discapacidad tienen de dos a cinco veces más probabilidades de sufrir violencia. Además, advierte de que el bajo acceso a la educación y al trabajo, y el alto riesgo de pobreza hacen que las mujeres y niñas con discapacidad sean más propensas a ser blanco de las redes de trata.

 

En este sentido, hacen hincapié en la "urgencia" de que las víctimas de trata con discapacidad cuenten con un "apoyo de calidad y servicios que sean inclusivos y accesibles", como el acceso a la información sobre sus derechos, servicios médicos, psicológicos, sociales y legales disponibles y cómo acceder a ellos, así como a un alojamiento seguro, accesible y apropiado.

 

 

En concreto, entre los aspectos a incluir en la futura ley contra la trata, CERMI Mujeres pide que la norma reconozca a las mujeres y niñas con discapacidad como un grupo de mayor riesgo de ser objeto de trata; que preste especial atención a las mujeres y niñas que adquieren una discapacidad como consecuencia de la trata; y les proporcione servicios generales accesibles e inclusivos en todos los ámbitos.

 

Por otro lado, considera necesario que se facilite el acceso a mecanismos de justicia accesibles e inclusivos para resolver las denuncias de explotación y abuso; brindar asistencia adecuada y apoyo económico y social a mujeres y niñas con discapacidad como grupo particularmente vulnerable a la trata; así como adoptar sanciones más severas para los traficantes que explotan a mujeres y niñas debido a su discapacidad.

 

En lo que respecta a la política integral de migración y refugio, desde la Fundación CERMI Mujeres abogan por conectarla con un enfoque de género, que esté basada en los derechos, que tenga en cuenta la discriminación, el abuso y las explotaciones múltiples e interseccionales a las que se enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad.

 

También piden establecer mecanismos para la identificación de las víctimas de la trata dentro del procedimiento de asilo y la necesidad de establecer registros estadísticos que permitan entrecruzar las variables sexo y discapacidad en este ámbito.

 

Fuente: Europa press